El pasado martes 22 de enero, el Ministro de Finanzas japonés, Taro Aso de 72 años, en una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, realizó unas declaraciones en las que pedía a los ancianos que “se dieran prisa en morir”, alegando el elevado coste que esta población supone para el sistema sanitario nipón.

El político japonés se despachó diciendo que “Dios no quiera que uno sea obligado a seguir viviendo cuando lo que quiere es morir. Me despertaría sintiéndome cada vez peor sabiendo que todo está siendo pagado por el Gobierno” además de criticar duramente a las unidades de reanimación y a los tratamientos para prolongar la vida.

Horas después de estas palabras, matizó sus declaraciones diciendo que “Les dije lo que yo personalmente creo, que es importante no prolongar la vida con tratamientos y ser capaz de pasar los últimos días de vida en paz”.

Como era de esperar, estas declaraciones han causado un gran revuelo y han generado un alud de críticas hacia el señor Aso, quien no es nuevo en esto de hacer declaraciones poco populares. Ya en 2008, siendo Primer Ministro, calificó de “chochos” a los pensionistas, y durante una reunión de economistas, afirmó: “Veo a gente de 67 o 68 años constantemente ir al médico y me pregunto ¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo?”.

Todas estas declaraciones son especialmente relevantes ya que provienen de un alto cargo político del país más envejecido del mundo, donde casi una cuarta parte de la población, es decir unos 32 millones de habitantes, son mayores de 60 años  y, además, es la segunda potencia mundial en consumo de medicamentos, con cerca del 15% del consumo mundial de fármacos.

Intentado dejar de lado el sentimentalismo y la ética o moralidad de estas declaraciones, no hacen más que volver a poner sobre la mesa de debate el tema de: ¿Es sostenible continuar con el modelo de café para todos en la sanidad pública? ¿Política social o política económica? ¿Modelo sanitario público o privado? Y así todas las preguntas que se os puedan ocurrir.

Lo que es indiscutible es que los sistemas sanitarios públicos, entre ellos el español, tienen grandes dificultades para hacer frente al gasto sanitario y, en particular, al gasto farmacéutico. Como ejemplo, en España el estado tarda una media de 400 días en pagar las facturas de los medicamentos a las compañías farmacéuticas.

Por esto, se están llevando a cabo medidas de contención del gasto sanitario y farmacéutico de las comunidades autónomas, entre las que destacan la incentivación de la prescripción por principio activo o las trabas a la entrada de novedades terapéuticas al mercado, que están conduciendo al mercado farmacéutico a ser un sector fundamentalmente de productos maduros con un fuerte crecimiento de los medicamentos genéricos.

Quién sabe si la siguiente medida será segmentar o privatizar parcialmente el acceso a determinados servicios sanitarios según la edad de los solicitantes. El tiempo lo dirá.

Javier Martínez