Por Joaquín Campos

En los últimos años, la comercialización de medicamentos innovadores, frecuentemente de elevado coste, ha generado un reto en la gestión del presupuesto farmacéutico en los diferentes sistemas sanitarios españoles.

En una época en la que los nuevos fármacos están enfocados al tratamiento individualizado de pequeñas poblaciones, con nuevos mecanismos de acción innovadores que dejan atrás las vías clásicas de la terapéutica, una mejora sustancial en la calidad de vida del paciente (aunque no siempre suficiente para el gasto que conllevan) y un crecimiento cada vez mayor de la población, se pone de manifiesto la necesidad de un nuevo tipo de financiación del medicamento, donde se ha empezado a dejar atrás el pago por producto, y se ha empezado a poner sobre la mesa el pago por resultado. 

Esto supone un enorme reto para la industria farmacéutica y sus departamentos de Market Access, la cual ya no puede ir sino de la mano de los diferentes decisores/pagadores, sustituyendo un viejo modelo (fármacos para todos) por uno nuevo: sólo los productos que realmente supongan un beneficio claro para el paciente tienen cabida en el actual sistema sanitario y, no con ello, asegurando su retribución completa; los resultados mandan. 

En el año 2011 se firmó el primer acuerdo “innovador” en España entre la empresa GSK y el Hospital Virgen de las Nieves (Granada), lo que permitió al centro un ahorro de unos ocho millones de euros. Este tipo de acuerdo se ha ido extendiendo, siendo Cataluña una de las regiones más activas, empezando por el Hospital Clínico de Barcelona y la empresa farmacéutica UCB Pharma con el medicamento Cimzia®, hasta llegar a los 28 centros hospitalarios con este tipo de acuerdos “innovadores” solo en dicha región.

Otro claro ejemplo lo encontramos en el fármaco gefitinib, para el cáncer de pulmón: sujeto a un acuerdo de riesgo compartido a tres bandas entre el ICO, AstraZeneca y el CatSalut, generaron un retorno para el sistema sanitario público en torno al 4% del coste del tratamiento, en comparación con el sistema tradicional (pago por producto).

Al igual que los hospitales y comunidades autónomas, otros decisores/pagadores se han ido sumando a este modelo, como el Ministerio de Salud. Este trabaja en el desarrollo de un proceso de fijación de precios para nuevas moléculas, donde la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacias, Patricia Cruz ha señalado que “el pago por resultados es el medio de financiación ideal para medicamentos innovadores”(XIX Encuentro de la Industria Farmacéutica Española). Ha destacado también que “el coste del medicamento debe ser equivalente a los costes de desarrollo, producción y beneficio que la industria farmacéutica negocia, pero no se puede pagar todo igual, funcione o no funcione”.

“Las nuevas terapias no se pueden financiar por unidad como hasta ahora”

Para llevar a cabo este modelo, Sanidad tiene cuatro proyectos prioritarios entre los que destaca Valtermed, un sistema que ya ha entrado en funcionamiento este pasado mes de Noviembre, que permite reducir la incertidumbre de los clínicos y tener datos de los resultados de los medicamentos en tiempo real. Este sistema ha echado a andar con siete medicamentos innovadores (los siete financiados por el SNS). La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, destacó que “nos va a permitir evaluar los resultados reales de los nuevos medicamentos, y ello permitirá instrumentalizar esquemas de precios innovadores basados en resultados o gestionar mejor los recursos disponibles”.

Sólo el tiempo dirá si este modelo terminará asentándose totalmente y regirá el rumbo de la industria farmacéutica para los próximos años, pero no cabe duda que, tanto pagadores a nivel autonómico como decisores a nivel estatal, están apostando muy fuerte por la implementación del pago por resultados.

Como conclusión, la financiación en medicamentos debe resultar en una inversión en salud, por encima de un ahorro en costes, poniendo el beneficio clínico como base para el establecimiento de acuerdos de financiación que permitan el acceso al tratamiento más adecuado, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.